Un joven identificado por autoridades estadounidenses como líder de un grupo de sicarios que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora, fue sentenciado a 130 meses de prisión federal, equivalente a 10 años y 10 meses, por su participación en una red dedicada a adquirir armas en Arizona destinadas a México.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona informó este jueves que Jorge Adan Garcia Martinez, de 21 años y residente de Roll, Arizona, recibió la sentencia el pasado 25 de agosto ante la jueza federal Diane J. Humetewa. Previamente se había declarado culpable de ayudar y facilitar la recepción de armas de fuego para utilizarlas en un delito relacionado con el narcotráfico. La investigación federal estableció que entre abril de 2023 y el 4 de noviembre de 2024, al menos cuatro personas realizaron compras de armas mediante prestanombres en establecimientos con licencia federal del área de Yuma, por encargo de Garcia Martinez.

Uno de los episodios documentados ocurrió el 21 de junio de 2024, cuando Garcia Martinez coordinó la entrega de cinco pistolas y cargadores a Carlos Eduardo Diaz-Barba, de 21 años y residente de San Luis, Arizona.Diaz-Barba intentó posteriormente introducir las armas hacia México a través del Puerto de Entrada de San Luis, Arizona, actuando por encargo de Garcia Martinez.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las investigaciones determinaron que las armas estaban destinadas a Los Salazares, facción del Cártel de Sinaloa. El caso tomó otra dimensión cuando las autoridades analizaron evidencia electrónica.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, dicha evidencia mostró que Garcia Martinez era además líder de “Fuerzas Especiales Jackson”, organización de sicarios que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a este grupo actividades como secuestros, torturas y homicidios. Garcia Martinez fue arrestado el 7 de octubre de 2024, luego de que las corporaciones estadounidenses descubrieran un supuesto plan para tomar represalias contra un grupo rival después de un ataque ocurrido en San Luis Río Colorado, donde integrantes de su organización habían resultado muertos y heridos.

Según el Departamento de Justicia, su captura permitió desarticular una célula dedicada al tráfico de armas en el área de Yuma y un grupo de sicarios que operaba del lado mexicano de la frontera.

La investigación también llevó ante la justicia estadounidense a Juan Carlos Yanez Molina, Jonathan Daniel Hernandez Noriega, Jose Guadalupe Cota Garcia y Roani Hernandez Jr., quienes fueron condenados por realizar declaraciones falsas durante la adquisición de armas.

Las sentencias impuestas fueron de 18, 36, 10 y ocho meses de prisión, respectivamente. Carlos Eduardo Diaz-Barba también se declaró culpable de ayudar y facilitar la recepción de armas destinadas a un delito relacionado con narcotráfico y tiene programada su sentencia para el 31 de agosto de 2026.

La investigación estuvo encabezada por Homeland Security Investigations (HSI) Yuma, con participación de ATF, FBI, CBP, Patrulla Fronteriza y otras agencias federales estadounidenses..