FLORENCE, Arizona.– La disputa por las políticas migratorias en el condado de Pinal escaló a tribunales, luego de que el fiscal Brad Miller defendiera un acuerdo de colaboración con autoridades federales, pese a la oposición de la Junta de Supervisores.

El conflicto gira en torno al programa 287(g), un convenio que permitiría a la fiscalía local trabajar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias. Miller, quien impulsó el acuerdo en diciembre de 2025, argumenta que la medida fortalecería la seguridad pública y el combate al crimen organizado.

Sin embargo, la Junta de Supervisores presentó una demanda al considerar que el fiscal excedió sus atribuciones, al comprometer recursos del condado sin autorización previa. Sostienen que este tipo de acuerdos corresponden al alguacil o al propio órgano de gobierno del condado, no a la fiscalía.

El caso ya tuvo un primer revés para el fiscal. A finales de febrero, un juez de la Corte Superior de Pinal emitió una orden de restricción temporal, que impide la implementación del convenio mientras se analiza el fondo del litigio.

Por ahora, el acuerdo permanece congelado y el desenlace dependerá de la decisión judicial en las próximas semanas, en medio de una creciente tensión institucional que deja en incertidumbre el futuro de la cooperación migratoria en esta región de Arizona.