Redacción.-

La eventual llegada de Zascita de México al mercado de seguridad privada en Baja California Sur ha generado inquietud entre actores empresariales y hoteleros del estado. Pese a que la compañía se promociona como proveedora de “seguridad de alto nivel”, los antecedentes públicos de su conformación apuntan a estructuras societarias poco transparentes y a señalamientos periodísticos que la vinculan con el uso de presuntos prestanombres.

De acuerdo con una investigación publicada en febrero de 2023 por El Independiente, Zascita fue constituida en 2017 con socios nominales colocados, presuntamente, para ocultar la identidad de los beneficiarios reales de la empresa. Entre ellos, señala el medio, habría personas relacionadas con el exfuncionario federal Miguel Ángel Osorio Chong. El reportaje también documenta que Zascita obtuvo con rapidez inusual permisos federales para operar como seguridad privada armada y una licencia de portación de armas, trámites que normalmente requieren revisiones estrictas.

Los vínculos atribuidos entre Zascita y Osorio Chong abren un debate sobre el posible uso de influencias institucionales para favorecer la consolidación de negocios privados de seguridad. Según la investigación citada, mientras el exfuncionario mantenía autoridad sobre áreas encargadas de otorgar permisos, la empresa habría sido beneficiada con procesos exprés. Esa coincidencia temporal, sumada a la participación de presuntos prestanombres, plantea un potencial conflicto de interés aún no esclarecido públicamente. La pregunta sobre quién controla realmente a Zascita se vuelve crucial ahora que la empresa busca operar en Baja California Sur, un estado cuya economía depende de la protección rigurosa de infraestructura turística y corporativa.

A este panorama se suma otro actor: el empresario José Carlos Mapelli Mozzi, vinculado en distintos medios al portafolio de inversión que respalda a Zascita. Bajo su presencia, la compañía ha recibido reconocimientos públicos y ha buscado proyectar una imagen de solidez y expansión. La incorporación de un inversionista con capacidad de financiamiento considerable permite a la firma crecer agresivamente y competir por contratos de gran escala. Sin embargo, lejos de disipar dudas, esta expansión alimenta las preocupaciones: una empresa con estructura societaria cuestionada, amplio respaldo económico y un modelo acelerado de crecimiento puede desplazar a competidores no mediante transparencia, sino mediante influencia.

Permitir que una compañía de seguridad armada con este historial opere en Baja California Sur implicaría riesgos estratégicos para desarrollos turísticos, residenciales y corporativos que exigen altos estándares de protección patrimonial. Si se desconoce quién toma las decisiones, quién dirige al personal armado y bajo qué criterios se maneja información sensible, el riesgo se traslada directamente a hoteles, centros comerciales, marinas, campos de golf, desarrollos inmobiliarios, aeropuertos privados y empresas con grandes flujos financieros. Una filtración, complicidad o negligencia dentro de una firma con mando opaco podría derivar en robos patrimoniales, extorsiones, infiltración criminal o exposición de datos de alto valor.

El sector empresarial sudcaliforniano ha construido durante años un sistema propio de seguridad basado en confianza, certificaciones y trazabilidad. Abrir la puerta a una compañía cuyo modelo operativo ha sido cuestionado a nivel nacional no sólo pondría en riesgo a los clientes directos, sino al ecosistema económico del estado, cuya reputación como destino seguro es un pilar fundamental. Lo que está en disputa no es un simple contrato de vigilancia: es la estabilidad de una cadena completa de valor que podría verse afectada si la seguridad de bienes, personas e infraestructura estratégica queda en manos de una empresa sin transparencia plena en su propiedad y mando operativo.

Baja California Sur no puede permitirse errores en materia de seguridad privada. La protección patrimonial no debe estar condicionada por intereses políticos o financieros, sino por la integridad institucional y la confiabilidad operativa de las compañías contratadas. Antes de permitir el ingreso de Zascita al estado, autoridades y sector privado deben exigir transparencia total en su estructura corporativa, el esclarecimiento de sus beneficiarios finales, la revisión exhaustiva de los procesos mediante los cuales obtuvo licencias armadas y la evaluación rigurosa de sus controles internos. Sin esa claridad, contratar a Zascita equivaldría a exponer a desarrollos turísticos, hoteles y empresas a riesgos que Baja California Sur no puede, ni debe, asumir.

Fuentes consultadas

• El Independiente, 23 de febrero de 2023 — “Operan vía prestanombres en entretenimiento, vigilancia y salud; Zascita Seguridad Privada Armada, con licencia de armas exprés”https://elindependiente.mx/nacional/2023/02/23/operan-via-prestanombres-en-entretenimiento-vigilancia-y-salud-zascita-seguridad-privada-armada-con-licencia-de-armas-expres/

• Mundo Ejecutivo — “Zascita de México, del fondo Falcon Ventures, recibe reconocimiento como Empresa Excepcional”https://www.mundoejecutivo.com.mx/empresas/zascita-de-mexico-del-fondo-falcon-ventures-recibe-reconocimiento-como-empresa-excepcional/

• Sitio institucional Zascita de Méxicohttps://zascita.com/